El gremio de trabajadores estatales mantiene el estado de alerta luego de los despidos masivos de los últimos días. Hubo un imponente operativo de seguridad y algunos incidentes menores.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una masiva movilización al Ministerio de Economía que duró alrededor de una hora, en el marco de un nuevo paro nacional en repudio a la ola de despidos en dependencias públicas.
Pasadas las 10 de la mañana, las inmediaciones de la Casa Rosada fueron militarizadas para impedir que los afiliados de ATE corten las calles de la zona, razón por la cual se produjeron algunos forcejeos entre los uniformados y los manifestantes.
Efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal rodearon la Plaza de Mayo, lo que elevó la tensión en medio de la medida de fuerza del sindicato liderado por el rionegrino Rodolfo Aguiar.
Pese a la fuerte presencia policial, los manifestantes lograron posicionarse sobre la traza de la calle Hipólito Yrigoyen, momentos en los que se produjeron algunos incidentes menores con los uniformados.
Durante el acto, los referentes de ATE pidieron a las autoridades de UPCN, el otro gremio que agrupa a trabajadores estatales, que se sumen al reclamo para avanzar en una medida de fuerza contundente contra el Gobierno. Además, exigieron la reincorporación de todos los trabajadores cesanteados e instaron a la oposición que rechace en el Congreso el DNU 70/2023 de desregulación de la economía.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó el «contundente paro» en todo el país y reclamó al Gobierno que «publique el listado de los ñoquis».
«Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la ´no prestación de servicios´», expresó.
Y añadió: «Resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado Nacional el que puso en revisión la planta transitoria. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente. Con el despido de trabajadoras y trabajadores con 5, 10 y hasta más de 20 años de antigüedad quedó demostrado que no se trata de empleados que cumplen tareas estacionales o temporarias, sino que integran la planta permanente del Estado realizando funciones inherentes a cada uno de los organismos, independientemente de la modalidad de la contratación».
«Pasan las horas y el Gobierno queda en evidencia: en este momento existe una grave afectación al estado de derecho en nuestro país», concluyó.