La Asociación Americana de Juristas denunció al Ejecutivo por las violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. «La profundización de la crisis social es inevitable».
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) denunció al Gobierno de Javier Milei ante la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) por violaciones al sistema democrático. «Se desataron un conjunto de medidas que contradicen derechos fundamentales de la Constitución del país, como también los derechos humanos y el derecho al desarrollo sostenible», fundamentó la institución.
La denuncia fue realizada durante la 55° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Suiza. «Denunciamos la desintegración del Estado y devastación económica implementadas por el presidente Mileien Argentina», inició el escrito presentado formalmente por AAJ.
Y continuó: «Con una inflación desorbitada causada por la mega devaluación, impuso un represivo protocolo prohibiendo la protesta social, sancionando a los manifestantes y a las organizaciones convocantes. Se verificaron brutales detenciones arbitrarias y el uso de armas químicas».
AAJ también enumeró que, en tres meses, «hay 3.6 millones de nuevos pobres, millones en emergencia alimentaria, sin acceso a los medicamentos, a la atención de salud, vivienda y servicios públicos». Y agregó que Milei «desfinanció áreas de salud, educación, científicas (…) y transporte público», logrando que -entre otras consecuencias- «las universidades públicas no podrán comenzar las clases».
«Los (medios a los) que se está recurriendo el Gobierno argentino son inaceptables, por implicar violaciones graves de los procedimientos jurídicamente establecidos, y sobre todo son incompatibles con el sistema democrático», expresó.
Por último, AAJ apuntó contra el «retiro de los programas de asistencia»: «Eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, la Agencia Nacional de Comunicaciones TÉLAM, y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)».
«Con parálisis del consumo, caída de la producción industrial, y pérdida de puestos de trabajo, la profundización de la crisis social es inevitable», concluyó.
Tras la presentación formal, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analizará el escrito en detalle.