El Gobierno de Javier Milei volvió a encender la motosierra y comunicó despidos en varias Unidades De Atención Integral (UDAI), que son dependencias de la Anses para atención del público, algunas de las cuales debieron cerrar sus puertas.

Este martes también se le impidió el ingreso al Ministerio de Economía a trabajadoras y trabajadores de la cartera.

A los despidos en Anses ya notificados en el Gran Buenos Aires y en la ciudad balnearia de Mar del Plata, se sumaron los de las provincias de Chaco, Río Negro, Santa Fe y Jujuy.

En Chaco cerraron de manera definitiva las oficinas de Machagai, General Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras, mientras que en Río Negro hubo 18 despidos y desafectaron las sedes de Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán.

En Santa Fe, en tanto, clausuraron las oficinas de Vera y Villa Ocampo y en Jujuy hubo 11 despidos.
El ex director de la Unidad de Gestión Local de Vicente López de PAMI, Lucas Boyanovsky, confirmó los despidos en el Gran Buenos Aires y aclaró que aumentaron las solicitudes de desempleo.

«En Munro, echaron a cuatro personas, entre el viernes y ayer, y en Boulogne directamente cerraron la dependencia porque echaron a todos los empleados«, afirmó.

Las sedes de Ezpeletta, Spegazini, Villa Fiorito, Williams Morris, Cuartel V, Libertador, San Vicente y Dock Sud también están siendo afectadas por esta situación y algunas no podrán abrir sus puertas por falta de personal.

Este martes también se impidió el ingreso a trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Economía, por lo que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital convocó a una movilización en la puerta de la cartera para las 13.

Según advirtió ATE la semana pasada, el 31 de marzo vencen más de 70.000 contratos de trabajadores estatales y es la fecha límite que estableció Javier Milei para ejecutar una segunda ola de despidos. “El martes o miércoles van a ser determinantes”, había advertido la organización gremial en un comunicado.

De acuerdo a trascendidos que llegaron desde el Ejecutivo, se busca una reducción de entre el 20% y 30% de la planta transitoria del Estado, por lo que los despidos podrían ser entre 14.000 y 21.000 a fin de mes.