El gobierno buscan que el máximo tribunal revoque el fallo que lo obliga a repartir de inmediato los alimentos almacenados en depósitos.
Javier Milei y Sandra Pettovello presentaron un escrito para que la Corte Suprema revoque el fallo judicial que los obliga repartir los más de 5 millones de kilos de alimentos que comían polvo y casi se pudren en los depósitos del ex ministerio de Desarrollo Social. Y redoblaron la presión judicial, ya que el recurso ante el máximo tribunal lo firma directamente el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, exintegrante de la Corte y ministro de Justicia de Carlos Menem.
Este manotazo judicial de Milei y Pettovello llega luego de una doble derrota que tuvieron en los tribunales. Por un lado, en materia penal, tres instancias de Comodoro Py les ordenaran entregar la comida. Primero fue el juez Sebastián Casanello, luego la Cámara Federal y finalmente la Cámara de Casación. El escrito es contra esta decisión. Pero además, el juez en lo contencioso-administrativo Walter Lara Correa también les ordenó que cumplan con el presupuesto destinado a transferencias a comedores sociales y con los acuerdos con organismos internacionales para el mismo fin que son obligación del Estado Nacional. Con este panorama piden la escupidera en la Corte.
Los argumentos presentados por Barra, cuyo apellido pesa y fuerte en los tribunales, giran en torno a que el Poder Judicial no puede entrometerse en decisiones del Poder Ejecutivo como ser el reparto de los alimentos. Que la causa penal que inició Juan Grabois busca determinar si hubo delito en el no reparto de la comida (lo que es un hecho) pero que el juez Casanello se extralimitó al ordenarles repartir los alimentos. Barra plantea “una indebida intromisión del Poder Judicial”, que el fallo se mete con “cuestiones políticas no justiciables”, que es “una clara violación del principio de división de poderes”. No es así, ya que lo que hizo el juez Casanello es intervenir ante una situación concreta, el no reparto de comida que estaba por vencer, algo que está en sus facultades.
El escrito que presentó el gobierno para frenar el reparto de comida, firmado por Barra, alega: “El tiempo dirá si fueron correctas o incorrectas las decisiones que se tomaron en un ámbito de competencia exclusiva, lo que claramente es incorrecto es que el Poder Judicial se entrometa en las mismas”. Lo que no dice es que en ese tiempo millones de personas pasan hambre.
En su crítica al fallo que quieren que la Corte revoque desde el Gobierno llegan al cinismo de alegar que “esa decisión que el Poder Ejecutivo se encuentra obligado a respetar, modificando así el plan de política alimentaria dispuesto oportunamente, repercute de manera negativa sobre los supuestos derechos que dice se afectan”. Peleados con la lógica, afirman que repartir los alimentos «repercute de manera negativa». El mundo del revés.
Ahora es el turno de la Corte Suprema, que entró en receso de la feria judicial invernal. El cortesano que quedó como autoridad en la feria es Carlos Rosenkrantz.
El punto que cuestiona el gobierno es el II de la resolución de Casanello del 26 de mayo que ordena al gobierno a que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá´ informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”. Pasó casi un mes y el gobierno sigue con planteos judiciales variopintos para no entregar el plan mentado ni distribuir la comida. “Esta orden judicial importa una indebida intromisión del Poder Judicial sobre las competencias propias de mi representada”, sostuvo Barra en el planteo que hizo en tribunales.
Esa decisión de Casanello ya fue ratificada por la Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora el gobierno va a la Corte para intentar modificar lo que respaldaron 7 jueces de distintas procedencias.
Para el procurador del Tesoro, exintegrante de la Corte menemista, en esta causa “se termina judicializando cuestiones políticas y de gestión que están ajenas al control judicial”. Como si dejar pudrir comida en galpones mientras crece la pobreza y la indigencia fuese una decisión política sobre la que la Justicia no puede intervenir.
En esa línea, Barra agregó: “En esta causa la situación es evidente: la instancia judicial y la competencia del Poder Judicial se abrió con una denuncia para que se investigue la comisión o no de un presunto delito, en ese marco se termina emitiendo una medida que altera el normal funcionamiento de un poder público”. Esa medida que referencia el procurador hace al hambre de un sinnúmero de personas.
En pos de proteger lo que a todas luces es un escándalo, Barra dice que la comida retenida es para emergencia, lo que ya quedó claro que no es así. De hecho, hubo distintas emergencias y pedidos de ayuda de intendentes por desastres naturales que nunca tuvieron respuesta por parte de la gestión nacional. ¿Qué sostuvo Barra al respecto? Que “el Poder Judicial logra entrometerse en la esfera de otro poder y desvirtuar el fundamento de la existencia de un fondo alimentario de emergencia, que debe ser utilizado conforme las directivas de la política decidida por la autoridad competente en la materia.” Pero la coartada de la “emergencia” ya quedó desacreditada. Fue una de las tantas que tejió el gobierno para proteger a Pettovello ante lo que evidentemente es un delito penal.
El planteo jurídico de Barra concluye, en referencia a la UTEP y Juan Grabois, que impulsan esta causa: “Dentro de ese marco, sin que la actora haya probado un daño cierto, actual o futuro, a sus intereses propios o a los derechos de aquellos que dice representar, ha obtenido una sentencia arbitraria emitida, entre otros defectos, en clara violación del principio de división de poderes. Es por ello que solicitamos a la Corte Suprema que restaure la legalidad y revoque la sentencia recurrida”.
Ahora resta que la Casación responda a este planteo. En caso de que acepte el trámite pasa a la Corte, que no tiene plazos. Si Casación lo rechaza, el gobierno podrá ir en queja al Alto Tribunal.