El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que en las próximas horas se reglamentará el decreto que establece la libertad de elección de obras sociales desde el comienzo de una relación laboral.

«Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social que elijan desde el inicio de la contratación», dijo Adorni en su habitual conferencia en Casa Rosada.

El portavoz presidencial destacó que «durante décadas esto no pudo ser así» y celebró que esta medida le dé «mucha más libertad» a los trabajadores.

El objetivo, según el Ejecutivo, darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre Obras Sociales y Prepagas. Entre los puntos de la medida, se destaca que:

  • Los beneficiarios podrán elegir libremente entre obras sociales y prepagas.
  • Los beneficiarios ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo.
  • Los beneficiarios podrán elegir una obra social o prepaga -que se registre para tal fin- al comenzar un nuevo empleo, sin ningún tipo de intermediación.
  • Los beneficiarios podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral.
  • Las empresas de medicina prepaga se encuentran obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben.

Por su parte, al ser consultado por la paritaria nacional docente, que aún no fue convocada por el Gobierno y forma parte de uno de los principales reclamos de gremios de la educación para garantizar el inicio de clases en tiempo y forma, Adorni respondió que «seguramente esta semana haya reuniones entre las partes para tratar de destrabar el conflicto».

Además, el vocero presidencial se refirió a una denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano por «irregularidades en la compra de medicamentos destinados a pacientes oncológicos o con patologías crónicas durante la gestión anterior» de gobierno.

Al respecto, Adorni expresó que se trataba de un «proceso absolutamente impune» al que definió como «la parte más cruel de la casta política» que incluía, detalló, «presupuestos aprobados sin firma» o «compras por correo electrónico sin comparativas con otros proveedores».

Más allá de estos controles que dieron lugar a la denuncia, el funcionario garantizó que «todos los que necesiten medicamentos los van a seguir recibiendo».

Acerca del reclamo de organizaciones sociales por la falta de alimentos en comedores, el portavoz aseguró que «se sigue asistiendo a todos los que se asistía antes» pero «sin intermediarios».