Una cautelar le permite a la Universidad de Pilar continuar con su normal funcionamiento hasta que se analice la cuestión de fondo. Este primer fallo podría ser replicado por otras casas de estudio.
El Gobierno recibió un freno judicial en su intento de cerrar universidades. El juez federal de Campana Adrián González Charvay dispuso una medida cautelar, lo que permitirá funcionar normalmente a los establecimientos involucrados.
De acuerdo con lo que establece, la decisión es la de otorgar la medida cautelar. Esto implica que no se puedan frenar las actividades hasta que se discutan las cuestiones de fondo.
El magistrado con jurisdicción en ese partido del norte bonaerense decidió «hacer lugar a una medida cautelar interina, ordenándose al accionado Estado Nacional –Ministerio de Capital Humano-, la suspensión inmediata -específicamente respecto de la Universidad Nacional de Pilar, creada por la Ley 27.728- de los efectos de la Resolución 45/2024 APN-MCH dictada con fecha 26/02/2024, por la que se dispone establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales», según la resolución.
Se trata de una acción de amparo que presentó la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Diana Wanger, quien demandó al Estado Nacional, Ministerio de Capital Humano para que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 45 que dispuso la revisión de la creación de la unidad, dispuesta por ley, y el inicio de actividades de nuevas instituciones universitarias nacionales.
En el amparo se aludió a una «inminente lesión y amenaza de derechos y garantías reconocidos por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional y en el Derecho Supranacional (art. 75, inc. 22 de la C.N.)».
También se pidió el dictado de la medida cautelar que ordene la suspensión de los efectos de esa resolución por ser «violatorio de la garantía de autonomía con la cual la reforma de la Constitución de 1994 pretendió amparar a las Universidades Nacionales».
Entre los establecimientos involucrados, se encuentran Delta (PBA), Pilar (PBA), Ezeiza (PBA), Río Tercero (Córdoba) y Madres de Plaza de Mayo (CABA). Mediante una resolución ministerial conocida en las últimas horas, se expresó la intención de «establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales creadas por las Leyes Nros. 27.727, 27.728, 27.729, 27.730 y 27.731 con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo».
La situación de las universidades es preocupante: desde los mismos institutos aseguran que el presupuesto disponible solamente se podrá utilizar hasta el mes de mayo.