La expresidenta presentó un recurso de nulidad contra la resolución de la ANSES por entender que «viola derechos y garantías consagradas en las leyes».

La expresidenta Cristina Kirchner presentó este viernes un recurso de nulidad contra la resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mediante la cual el Gobierno decidió dar de baja su jubilación de privilegio, luego de que la Cámara Federal de Casación ratificara su condena en la Causa Vialidad y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

A través de su abogado defensor Facundo Pérez Pastor, la expresidenta realizó la presentación ante el director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros, en la que señala que la misma «viola derechos y garantías consagradas en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina enmendada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación».

En el escrito, Pérez Pastor reclama que «se revoque la resolución» y se le restituyan a Cristina Kirchner «los haberes de las asignaciones mensuales vitalicias indebidamente retenidas».

El abogado, además, sostiene en el texto que la ANSES «carece de competencias para suspender y revocar los efectos de un acto firme y consentido».

Pérez Pastor explicó a radio La Red que la expresidenta aún no acudió a la Justicia para reclamar por su jubilación de privilegio y que lo hará recién en caso de que la ANSES rechace el reclamo administrativo presentado este viernes.

«Si lo hacen, iremos a la Justicia. Hay que agotar la vía administrativa para poder acceder a los tribunales de la seguridad social. No podés llegar a la Justicia sin agotar la vía administrativa», detalló el abogado.

El letrado remarcó que la ANSES decidió quitarle las dos asignaciones mensuales vitalicias a Cristina Kirchner «interpretando que una condena en doble instancia es equiparable al juicio político».

«Técnicamente lo que hace ANSES es interpretar que lo que dice la ley 24.018, que es que no se puede tener el beneficio si el funcionario fue destituido mediante juicio político, que acusa la Cámara de Diputados y resuelve el Senado, es equiparable a una condena penal. Eso es algo que lo tiene que interpretar en todo caso la Justicia. La ANSES no está para interpretar leyes», concluyó Pérez Pastor.