La Procuración del Tesoro avaló la intervención del Correo Argentino

El pronunciamiento del organismo a cargo de Carlos Zannini advierte que hay «sobrados elementos» sobre las irregularidades cometidas por el Grupo Macri. Es el primero que el gobierno de Alberto Fernández hace en la causa que investiga el pago de la deuda que el holding de la familia del ex presidente mantiene con el Estado.

El Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, pidió que se inicie el procedimiento de “salvataje” del Correo Argentino, que se desplace a sus autoridades y se nombre un inventor judicial en la empresa, informaron hoy fuentes vinculadas a la causa.

En un escrito presentado ante la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, Zannini coincidió con el dictamen presentado hace casi una semana por la fiscal Gabriela Boquín, en el que la representante del Ministerio Público opinó que durante años hubo un “vaciamiento” de la empresa.

El texto, también firmado por el subprocurador Horacio Diez, menciona “irregularidades” con “entidad suficiente para lesionar seriamente” los intereses del Estado, principal acreedor del concurso, que “ve disminuida día a día su posibilidad de satisfacer su acreencia».

El dictamen de la fiscalía:

Días atrás, Boquín afirmó que, durante 15 años, el Correo Argentino ”perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa” cuando dictaminó sobre la apertura de un registro para iniciar el procedimiento de salvataje (cramdown).

Para Boquín hubo un “uso abusivo del procedimiento concursal” y la empresa se valió del mismo “para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”, por lo que pidió esas medidas y advirtió que si se las niegan acudirá vía recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia.

La fiscal decidió además, para “los efectos que estimen corresponder”, remitir copias de su dictamen a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 8 y al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, Secretaría 7.

«Luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown –según lo ordenara la Cámara el 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa», expresó Boquín.

(Télam)

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