La Iglesia Católica ha manifestado su fuerte crítica hacia la política migratoria del gobierno, luego de la reforma de la Ley de Migraciones el año pasado, que incrementó los controles en el ingreso y permanencia de extranjeros. Esta situación ha generado una creciente incertidumbre en los procesos de regularización y un temor constante a la expulsión entre las personas migrantes.
La Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes emitió una declaración tras un encuentro realizado en Luján, donde se destaca que las medidas adoptadas parecen más una estrategia de comunicación política que una verdadera acción estatal que garantice derechos. La modificación de la legislación, llevada a cabo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, ha establecido requisitos más estrictos, como la exigencia de un seguro de salud y la posibilidad de cobros en universidades públicas.
Además, la Iglesia señala que estas reformas han complicado aún más el acceso a un trabajo digno y a servicios de salud de calidad, afectando especialmente a las personas con discapacidad y a las comunidades migrantes, quienes ahora enfrentan una situación de vulnerabilidad.