La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata establece que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) debe mantener la prestación de agua potable y saneamiento sin cambios en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. La medida cautelar, solicitada por la Defensoría del Pueblo, prohíbe a la empresa reducir inversiones o modificar sus obligaciones operativas durante el proceso de privatización.
La decisión busca evitar que se introduzcan modificaciones que puedan afectar la calidad de los servicios o retrasar obras planificadas en las localidades afectadas. La Defensoría, bajo la dirección de Guido Lorenzino, advirtió sobre los riesgos que podría traer la reestructuración de la firma, incluyendo un posible deterioro de los servicios y el incumplimiento de infraestructuras necesarias.
El fallo también pretende proteger el recurso hídrico provincial y prevenir impactos ambientales que podrían resultar de una desregulación. La acción judicial se dio a conocer tras la autorización del Ministerio de Economía de la Nación para licitar el 90% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico, luego de un nuevo esquema contractual firmado en mayo de 2026.
