La decisión de la Justicia en la provincia de Buenos Aires tuvo un impacto significativo en el nuevo Régimen Penal Juvenil, al revocar la cautelar que suspendía su aplicación durante 60 días. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora determinó que un juez no puede anular una norma nacional con una resolución provisoria de carácter general.
La resolución dejó sin efecto la medida de la jueza Marta Pascual, quien había intervenido tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Asociación Civil No Seas Pavote. Esta organización había cuestionado la situación de los adolescentes afectados por la nueva normativa, que amplía el rango de jóvenes considerados punibles.
Los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi argumentaron que las leyes aprobadas por el Congreso poseen presunción de legitimidad y solo pueden ser neutralizadas mediante fallos de inconstitucionalidad en casos específicos. La cautelar abarcaba a jóvenes ya privados de libertad y a aquellos que podrían ser detenidos en el futuro.
La Libertad Avanza ha criticado la decisión de Pascual, y el padre de Kim Gómez expresó su rechazo a la suspensión, abogando por un enfoque que combine sanciones con políticas de reinserción social para los adolescentes.
