A dos años de su implementación, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha generado anuncios de inversión que superan los US$100.000 millones, lo que ha impulsado un debate sobre cómo estos proyectos pueden traducirse en mayor producción, empleo e infraestructura para la economía argentina. Este análisis se llevó a cabo en una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde participaron especialistas y funcionarios.
Durante el evento, el exdiputado nacional Fabio Quetglas enfatizó la necesidad de contar con herramientas que reduzcan riesgos y ofrezcan seguridad jurídica para atraer inversiones en un contexto económico difícil. La senadora Flavia Royón también resaltó la importancia del RIGI para sectores estratégicos como la minería y la energía, aunque sugirió que algunos beneficios podrían ser demasiado amplios y requerir ajustes.
El exsecretario del Ministerio de Economía, José García Hamilton, subrayó que el régimen ha impulsado no solo iniciativas mineras, sino también proyectos en áreas como la siderurgia y energías renovables en 10 provincias. Esto destaca la necesidad de un enfoque más amplio para el desarrollo territorial, especialmente en relación con la expansión de Vaca Muerta.
