Los interventores podrán designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades con el fin de «tornar sustentables dichas empresas». Contempla también a la plataforma educ.ar.
El gobierno del presidente Javier Milei intervendrá los medios públicos por el plazo de un año, a través de un decreto que se publicará en las próximas horas y que incluye a la radio y televisión pública, a la agencia de noticias Télam y a la plataforma digital educ.ar.
El interventor será el abogado Diego Chaher y como interventor adjunto será designado el también abogado Diego Marías.
El decreto dispone «la intervención de EDUC.AR, de TÉLAM, de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO y de CONTENIDOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO por el plazo de UN (1) año». Dicho período «podrá ser prorrogado por única vez por la jefatura de Gabinete de ministros».
«Resulta menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen», se explica en el texto oficial.
En el ejercicio de sus cargos, el Interventor y el Interventor adjunto tendrán como tarea «elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo».
Al mismo tiempo, deberán «evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo» y «evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo».
También podrán modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo, la denominación de los organismos y modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado y de planta permanente. En ese sentido, estarán facultados para «designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades».
El objetivo, según el decreto, es «operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentables dichas empresas».
Además, los interventores deberán «revisar la administración de compras y contrataciones», «disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos» y «presentar la rendición de cuentas».