La reciente clausura de Ecoterra en Ensenada ha generado una gran preocupación entre los vecinos. Esta empresa, encargada de la recolección y disposición de residuos, operaba sin los permisos ambientales necesarios, lo que plantea serias dudas sobre la gestión del gobierno de Claudia Agatón. Los ciudadanos se preguntan cómo fue posible que una concesionaria del Ayuntamiento funcionara sin la debida autorización.
Ecoterra, al ser proveedor del municipio, financiaba sus servicios con los impuestos de los ensenadenses. La falta de documentación adecuada en su expediente revela una preocupante negligencia por parte del gobierno municipal, que no parece haber verificado la información necesaria. Este escándalo pone en evidencia una gestión deficiente, donde se ignoran las obligaciones legales y se desatienden los controles básicos.
En otro contexto, un tribunal federal en Baja California desestimó la separación temporal del Secretario del Bienestar del municipio de Rosarito, Juan José Rangel Trujillo, al considerar que la acción de la Sindicatura fue ilegal. Esta decisión judicial refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva de las gestiones municipales y su cumplimiento con la normativa.