La situación en el Astillero Río Santiago se vuelve cada vez más crítica, afectando a los trabajadores que reclaman por la falta de obras navales y el cumplimiento de las resoluciones de la asamblea de noviembre. La comunidad laboral se encuentra alarmada por la parálisis de la fábrica, que enfrenta la posibilidad de privatización y cambios en su razón social, lo que podría eliminar su función principal de construcción de embarcaciones.
Desde 2019, el presupuesto destinado a la fábrica ha disminuido significativamente, lo que ha llevado a una falta de proyectos concretos y a la incertidumbre sobre el futuro de la industria naval en la provincia de Buenos Aires. La administración provincial es señalada como responsable de esta situación, especialmente en un contexto donde se han anunciado superávits fiscales para los años 2024 y 2025, lo que contrasta con la falta de inversiones en el sector.
Las medidas del gobierno de Milei han generado un impacto negativo en los derechos de los trabajadores, con reformas laborales que buscan modificar la legislación actual. Además, la falta de apoyo financiero para proyectos navales agrava aún más la situación, dejando a la industria estatal en una posición vulnerable frente a las promesas incumplidas de construcción de barcos.