La reciente aprobación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) por parte del gobierno de Milei ha generado preocupación en sectores de la sociedad, ya que reforma 40 artículos de la ley de Inteligencia. Esta modificación permite a los servicios de inteligencia la detención de individuos “en flagrancia” por delitos que amenazan el orden constitucional, lo que podría impactar negativamente en el activismo político y social, así como en la libertad de prensa.
El nuevo DNU amplía los fondos destinados a la Side y establece un centro de vigilancia digital bajo la supervisión del Jefe de Gabinete, eliminando el control civil sobre la inteligencia militar. Esto se suma a la reciente designación de un militar en actividad en el Ministerio de Defensa y al despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de frontera, lo que plantea serias inquietudes sobre el respeto a las leyes de seguridad interior.
Además, se menciona una reforma de 900 artículos del Código Penal que intensifica un marco de represión. La falta de una mayoría calificada en el Congreso para desafiar este decreto, sumada a la intención de reformar la Corte, pone de manifiesto un avance hacia una política de control más estricta. Las implicancias de estas medidas afectan directamente el financiamiento universitario, los derechos laborales y la protección social, generando un clima de incertidumbre en la población.
