El Congreso del Estado ha aprobado reformas importantes a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores. Estas modificaciones buscan fortalecer la protección jurídica de los adultos mayores, un sector vulnerable de la población. La iniciativa, respaldada por el Dictamen 17 de la Comisión de Bienestar, establece la prohibición de conductas que puedan vulnerar la dignidad, el abuso y la explotación de estas personas.
Entre las principales enmiendas se destaca la obligación para las familias de abstenerse de realizar acciones que puedan afectar la integridad y dignidad de los adultos mayores. Se han incorporado expresamente conductas como la coacción y el trabajo forzado en el catálogo de deberes familiares, lo que amplía el alcance de esta normativa. Esta precisión normativa es vital para prevenir prácticas abusivas y garantizar el respeto de los derechos humanos de los mayores.
La reforma no solo busca una correcta interpretación y aplicación de la ley vigente, sino que también alinea la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales en la materia. Esto refleja un compromiso por erradicar la explotación y proteger la integridad de las personas adultas mayores en la región.
