La Fundación Faro Argentina, un pilar del sector que responde a Santiago Caputo, enfrenta un nuevo desafío debido a una intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que requiere que la entidad revele la identidad de sus donantes, quienes aportaron casi $5.000 millones durante el año 2024. La IGJ, bajo la dirección de Karina Milei, ha otorgado un plazo de diez días para que se cumpla con esta solicitud.
Este conflicto interno se intensificó tras una reciente disputa en las redes sociales que involucró a figuras clave como Martín Menem y Manuel Adorni, quienes son parte del ala libertaria que lidera Milei. Aunque ambos bandos intentaron minimizar la tensión, la exigencia de transparencia por parte de la IGJ pone de manifiesto que la lucha de poder continúa, especialmente considerando que la Fundación no presentó su balance de 2024 a tiempo y lo hizo sin detallar los donantes.
La Fundación, presidida por Agustín Laje, ha sido criticada por la opacidad en sus finanzas, ya que el 99% de sus ingresos se reportaron de manera genérica. Este descontento interno sugiere que las rencillas entre los sectores de Milei y Caputo persisten, afectando la cohesión del frente libertario.