El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha implementado sanciones más severas para quienes agredan a docentes, trabajadores de la salud y empleados que realizan servicios públicos esenciales. Esta medida, parte de la reforma del Código de Faltas, establece penas que van de 5 a 30 días de arresto o multas económicas, según lo aprobado por la Legislatura bonaerense a fines de septiembre.
La modificación, impulsada por el senador Sergio Vargas de Unión y Libertad, amplía las sanciones previamente existentes enfocadas en la violencia hacia el personal educativo. La nueva ley incluye agresiones físicas, insultos y hostigamiento en establecimientos públicos o privados, así como comportamientos que afecten la normalidad en la atención al público.
Además, se prevé un aumento en las penas cuando las agresiones ocurran en presencia de estudiantes, pacientes o menores de edad. La reforma busca reforzar la protección de los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, garantizando que puedan realizar sus tareas sin ser hostigados.
