La reciente clausura de Ecoterra en Ensenada ha generado gran preocupación entre los ciudadanos, quienes se cuestionan cómo una empresa encargada de la recolección y disposición de basura pudo operar sin los permisos ambientales requeridos. La falta de documentación adecuada plantea serias interrogantes sobre la gestión del gobierno de Claudia Agatón, ya que los servicios de Ecoterra eran financiados con impuestos de la comunidad.
La situación revela una alarmante falta de control por parte del Ayuntamiento, que parece haber ignorado la necesidad de verificar la autorización de impacto ambiental de su proveedor. Los ensenadenses exigen respuestas sobre qué oficinas municipales permitieron que Ecoterra funcionara sin la debida regulación. La alcaldesa, en una reciente entrevista, admitió no estar al tanto de los detalles relacionados con las empresas concesionarias.
Esta situación no solo afecta la confianza de los vecinos en la administración local, sino que también plantea la posibilidad de un escándalo mayor si se confirma la irregularidad en la operación de la empresa. La falta de documentación y el incumplimiento de los requisitos necesarios son indicadores de una gestión que podría estar operando a ciegas.