La inflación nacional alcanzó un 2,9% en febrero, superando las expectativas del mercado, que oscilaban entre 2,5% y 2,7%. Este dato es preocupante, dado que el Gobierno había proyectado una inflación mensual por debajo del 1% para agosto, lo que genera inquietud sobre la efectividad del programa económico actual. A medida que avanza marzo, se anticipan nuevos factores que podrían aumentar la presión sobre los precios, como las tensiones en Medio Oriente y su efecto en el mercado energético global.
El Gobierno ha implementado diversas estrategias para controlar la inflación, siendo la más destacada el ordenamiento monetario. Esto incluye el saneamiento del balance del Banco Central, la disminución de la emisión monetaria y la búsqueda de un superávit fiscal primario. Sin embargo, existen interrogantes sobre la sostenibilidad de estas medidas, especialmente respecto al ancla cambiaria, ya que la sociedad percibe que el dólar está rezagado en relación a los precios internos.
A pesar de la expectativa de que la oferta futura de divisas, particularmente del sector energético, agropecuario y minero, ayude a mantener el esquema actual, no hay garantías de que los beneficios se distribuyan equitativamente entre la población. Algunos sectores tienen mecanismos históricos para redistribuir la renta, pero la situación del sector energético plantea desafíos en este sentido.