La ministra de Seguridad fue convocada a una audiencia por el juez federal Sebastián Casanello. Dirigentes del Frente de Izquierda presentaron un habeas corpus y pidieron que se lo declare anticonstitucional.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para debatir la legalidad del protocolo de orden público, también conocido como protocolo antipiquetes, tras una convocatoria del juez federal Sebastián Casanello.
La funcionaria llegó poco antes de las 11 a los tribunales federales de Retiro. De la audiencia, que se desarrolla a puertas cerradas en una sala del segundo piso, participan también los dirigentes del Frente de Izquierda (FIT) Celeste Fierro y Alejando Bodart, quienes presentaron el recurso de habeas corpus contra el protocolo.
«Es una audiencia clave, donde se puede resolver el destino del protocolo represivo de Bullrich. Es un paso más en la lucha contra este protocolo que vulnera nuestros derechos, y seguiremos insistiendo en su inconstitucionalidad», había anticipado Fierro, legisladora porteña.
La presentación del FIT es acompañada por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales y asambleas barriales, quienes realizaron una radio abierta en la puerta del juzgado momentos antes de que comenzara el encuentro.
Pasadas las 13.30, se dispuso un cuarto intermedio y Bullrich se retiró para dar una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Ahora el juez debe convocar a una nueva audiencia en fecha a definir por el juzgado.
En el marco de la acción judicial iniciada por Fierro el pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Seguridad defendió en un informe la legitimidad de la resolución 943/2023 que estableció la implementación del llamado protocolo para el mantenimiento del orden público.
Tras la respuesta, el juez pidió a esta cartera que «adecue el llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos» por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, y citó a las partes a una audiencia.