En Colombia, el año 2025 finalizó con 187 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, un incremento de 14 casos comparado con el año anterior. Esta cifra refleja la persistencia del conflicto y genera inquietud ante las próximas elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo, donde se teme un aumento de la violencia política.
Desde 2016, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha documentado un aumento progresivo en estos crímenes, alcanzando un punto álgido en 2020 con 252 homicidios. Aunque hubo una disminución en años posteriores, la violencia sigue siendo un problema grave. La Defensoría del Pueblo, que reportó 165 asesinatos entre enero y noviembre de 2025, atribuye esta situación a factores estructurales como el fortalecimiento de grupos armados y la debilitación de la capacidad estatal.
Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, sostiene que el aumento de asesinatos en años electorales está vinculado a la relevancia de los líderes comunales en la organización social y política, lo que los convierte en objetivos de actores políticos y grupos armados. La impunidad agrava la situación, ya que muchas investigaciones no logran identificar a los verdaderos responsables de estos crímenes, que a menudo son perpetrados por disidencias de las FARC.