El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea entra en vigor este viernes, marcando un cambio significativo en la política migratoria del bloque. Con controles obligatorios en las fronteras externas y procedimientos más rápidos para expulsiones, esta nueva legislación busca abordar la presión migratoria que enfrentan estados como España, Italia, Grecia y Chipre.
Durante los primeros seis meses de implementación, España optará por apoyo financiero para gestionar la migración, destinando recursos a la formación de jueces que se encargarán de resolver solicitudes de asilo en un plazo de hasta 12 semanas. Este enfoque se produce en un contexto de resistencia por parte de algunos países, como Hungría y Polonia, a los mecanismos de solidaridad obligatoria que buscan redistribuir la carga migratoria.
Originalmente, se establecieron 30.000 reubicaciones y 600 millones de euros para el primer ciclo, pero tras las negociaciones, el número final se ajustó a 21.000 reubicaciones y 420 millones. La cifra que realmente se prevé alcanzar hasta 2026 es de solo 962 reubicaciones, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema de solidaridad.