El debate sobre el Presupuesto Nacional 2027 plantea la necesidad de reflexionar sobre la sostenibilidad del sistema de salud en Argentina. A pesar de la asignación de fondos, persisten reglas que comprometen su viabilidad. Es fundamental que la política sanitaria defina prioridades y responsabilidades, más allá de la simple asignación de partidas.
La inflación en el país ha alcanzado cifras alarmantes, con un 211,4 % en 2023 y un acumulado de 792 % entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025. Los costos del sistema sanitario han aumentado considerablemente, según un estudio del Centro de Estudios para la Salud (CESA). Este informe señala que el costo del Programa Médico Obligatorio ha crecido a un índice de 67.881, mientras que los ingresos de los prestadores se sitúan en 24.920.
Es crucial abordar el vacío en la cobertura sanitaria, proponiendo una definición de cobertura universal básica que garantice un mínimo de protección. Esto debería establecer obligaciones para financiadores privados y de seguridad social, asegurando que se ofrezcan prestaciones de calidad y accesibles para todos los ciudadanos. La universalidad debe basarse en criterios claros y transparentes, garantizando lo esencial sin promesas vacías.
