La reciente aprobación de la Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, ha generado un intenso debate en la sociedad argentina. Este cambio legal permite que adolescentes que aún están en el secundario puedan ser procesados penalmente, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el impacto en la infancia vulnerable.
Se estima que la mayoría de los jóvenes afectados provienen de barrios populares y enfrentan problemas como el abandono escolar y la pobreza estructural. La Iglesia se ha pronunciado en contra de esta medida, argumentando que "bajar la edad no baja el delito". Especialistas en criminología han advertido que el endurecimiento de las penas no disminuye la criminalidad juvenil, sugiriendo que se necesita una intervención temprana en lugar de castigos severos.
A pesar de las preocupaciones, el Gobierno presenta la ley como una forma de justicia para la sociedad. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada para el alojamiento y rehabilitación de adolescentes privados de libertad plantea interrogantes sobre cómo se abordará la situación de estos jóvenes en el sistema penal.
