La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado su intención de implementar una reforma electoral en febrero de 2026, que busca reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos. Esta medida podría tener implicaciones significativas, ya que el recorte en los recursos legales podría incentivar a los candidatos a buscar financiamiento en el mercado negro, aumentando así el riesgo de la infiltración de organizaciones criminales en la política.
La propuesta del gobierno argumenta que no puede existir una democracia rica con un pueblo empobrecido; sin embargo, la falta de recursos para fiscalizar adecuadamente el financiamiento de campañas podría complicar el panorama. La Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral (INE) ya enfrentan dificultades para monitorear el gasto en campañas, y con la reducción de su presupuesto, su capacidad de intervención podría verse aún más limitada.
Además, el presupuesto 2026 incluye recortes a los órganos autónomos, lo que pone en duda la efectividad de la supervisión prometida. La presión por obtener financiamiento adicional podría llevar a los candidatos a depender de recursos ilegales para competir, lo que representaría un desafío serio para la integridad del proceso electoral.