A partir del 5 de septiembre, entra en vigencia la nueva Ley 27.801 que modifica el régimen penal juvenil en Argentina, reduciendo la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Este cambio se produce tras un extenso debate y una serie de fallos judiciales que han impulsado la necesidad de reformar el sistema penal, buscando mayores garantías para los adolescentes en conflicto con la ley.
La ley no solo aborda la cuestión de la edad de punibilidad, sino que también representa un avance significativo en la concepción estatal sobre la relación con niños, niñas y adolescentes. Desde la sanción de la Ley 10.903 en 1919, que estableció un modelo tutelar, hasta la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño en la Constitución Nacional en 1994, se ha transitado un camino que busca transformar a los menores de edad en sujetos plenos de derechos.
Este nuevo paradigma se ha consolidado gracias a los esfuerzos de diversas instituciones y a la presión internacional, marcando un cambio en la forma en que se entiende la justicia juvenil en el país. A partir de ahora, el enfoque se centrará en la especialización del sistema y en el uso del encierro como última opción para los adolescentes.
