La reciente modificación en la Ley de Presupuesto 2026 de la Provincia establece que los aportes previsionales de los trabajadores de colegios privados, tanto docentes extraprogramáticos como personal no docente, deberán realizarse al Instituto de Previsión Social (IPS) en lugar de a la ANSES. Esta decisión ha sido objeto de controversia por parte de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA), que ha iniciado acciones legales para declarar la inconstitucionalidad de la norma y solicitar su suspensión hasta que se resuelva el tema en profundidad.
La AIEPA argumenta que el conflicto no reside en la disposición de cumplir con las obligaciones previsionales, sino en la incertidumbre sobre el régimen aplicable. Según señalaron, las instituciones educativas aún están sujetas a normas nacionales vigentes y carecen de una normativa que las exima de continuar aportando al sistema administrado por ANSES.
Se estima que alrededor de 55.000 trabajadores del sector privado podrían verse afectados por esta medida, que podría aumentar los costos laborales para los colegios y reducir los salarios netos de los empleados. La preocupación se centra en que el traspaso al IPS puede implicar la pérdida de beneficios asociados al régimen nacional de contribuciones patronales, lo que tendría un impacto considerable en el ámbito educativo privado.
