La discusión sobre la reforma laboral en el Senado se intensifica a medida que se aproxima la sesión del 11 de febrero. El Gobierno busca alcanzar los 37 votos necesarios para su aprobación, contando actualmente con 20 propios, lo que obliga a negociar con sectores de la oposición, especialmente del radicalismo y con los gobernadores provinciales.
El bloque del peronismo, que suma 27 senadores, no se muestra unificado, lo que complica aún más el panorama. En este contexto, los mandatarios provinciales asumen un rol crucial, mientras que el Gobierno intenta presentarse como receptivo, destacando la figura de Martín Menem y Diego Santilli como negociadores. Además, se busca suavizar la postura de Patricia Bullrich, quien ha propuesto la creación de una comisión para articular objeciones con los bloques aliados.
A pesar de la apertura al diálogo, se percibe que la interacción con los sindicatos podría utilizarse más como herramienta política que como un medio efectivo para cambiar el proyecto. La preocupación del oficialismo radica en que la resistencia a la reforma pueda convertirse en un tema unificador para la oposición, similar a lo ocurrido en la reforma previsional de 2017.