La reciente decisión de la Corte Suprema ha provocado una dura derrota política para el gobierno de Javier Milei, que buscaba un acuerdo con el sector universitario. La situación se desencadenó tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario en 2024, que había sido sostenido por 85 legisladores en octubre de ese mismo año.
En diciembre de 2025, el Congreso, por primera vez en la historia, insistió en la aprobación de una ley mejorada, que Milei volvió a vetar. A raíz de esto, los universitarios elevaron una demanda judicial que llegó a la Corte. En este contexto, Santiago Caputo y Diego Santilli comenzaron negociaciones con Emiliano Yacobitti, referente de la UBA, para elaborar una ley que satisfaciera tanto al sector universitario como al ministro de Economía.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, había convencido a Milei de que contaba con un acuerdo con la Corte para evitar un fallo adverso, ofreciendo un aumento salarial a los universitarios. Sin embargo, los rectores decidieron mantener la demanda en la Corte, lo que complica aún más la situación del gobierno.
