El contrabando se ha convertido en un desafío significativo para la economía argentina, representando aproximadamente el 5% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta actividad ilegal afecta tanto a la recaudación fiscal como a la producción nacional, generando preocupación entre empresarios y trabajadores. Se estima que la evasión asociada al contrabando supera los US$2.000 millones anuales, lo que representa una competencia desleal para las industrias legales.
Los productos más afectados incluyen celulares, indumentaria, neumáticos, cigarrillos y artículos electrónicos. Según informes, uno de cada tres teléfonos celulares nuevos activados en Argentina ha ingresado sin cumplir los procedimientos aduaneros. Además, el sector textil ha denunciado un incremento en la mercadería ilegal proveniente de países vecinos, lo que ha provocado cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo.
El crecimiento del contrabando no solo afecta la economía, sino que también ha llegado a la agenda política, generando debates en el Congreso. La situación actual plantea un reto considerable para el Gobierno, que busca soluciones para frenar esta problemática que impacta en el empleo formal y en la producción nacional.
