Un reciente proyecto de ley de Defensa Nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei ha generado preocupación en diversos sectores, especialmente entre especialistas y funcionarios relacionados con la seguridad y la defensa. Aunque la iniciativa busca endurecer la postura argentina ante el Reino Unido por la cuestión de las Malvinas, su alcance es más amplio, modificando el esquema de Seguridad Nacional y estableciendo nuevas facultades para el control de los espacios marítimos.
El proyecto cuenta con 133 artículos, de los cuales se estima que entre un 30% y un 40% se relaciona directamente con la soberanía y las Malvinas. Las críticas apuntan a que introduce legislación redundante y términos que generan alarmas sobre la libertad de expresión y el combate al terrorismo, áreas que ya cuentan con normativas específicas.
Uno de los puntos más debatidos es la posible superposición de competencias entre la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo de la Armada, lo que reabre una disputa sobre quién debe intervenir en incidentes marítimos. Esta cuestión es crucial, ya que define si un episodio en el mar es un asunto policial o una amenaza a la seguridad nacional, lo que implicaría la intervención militar bajo el nuevo esquema propuesto.
