La reciente firma del contrato de concesión para la Hidrovía Paraná-Paraguay marca un punto de inflexión en la economía argentina, al otorgar el control del comercio exterior a la empresa belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus. Este acuerdo, concretado por el gobierno de Javier Milei, se produce en un contexto de controversia y sospechas sobre la transparencia del proceso de licitación.
A pesar de que el Ministerio de Economía intentó presentar el evento como un "hito histórico de transparencia", hay denuncias de irregularidades y favoritismos que persisten. Se estima que a través de esta importante vía fluvial se genera el 80% de las divisas por exportaciones del país, siendo crucial para más de 60 terminales portuarias que operan en la región.
Para desviar el foco de las críticas, el gobierno anunció que la nueva Vía Navegable Argentina S.A. implementará una reducción del 13,5% en el peaje, junto con promesas de inversión en obras y tecnología que mejorarán la competitividad del sector industrial. No obstante, el clima de desconfianza en torno a este proceso persiste, afectando la percepción pública sobre la gestión actual.
